LEY DE SEGURIDAD INTERIOR

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¿Por qué necesitamos la ley de seguridad interior? El crimen organizado ha sobrepasado Durante la última década nuestro país ha atravesado por una crisis de seguridad, que rebasa el umbral de la seguridad publica y que pone en riesgo la seguridad interior. Por ello, debemos contar con una ley que legitime y de certidumbre a las acciones relativas a la coadyuvancia de las Fuerzas Armadas con las autoridades civiles en materia de seguridad interior. A quienes dicen no vamos a militarizar al país porque el país ya esta militarizado, si, en efecto, a consecuencia de ellos tenemos las condiciones de seguridad pública, de muertes, de violaciones de derechos humanos que hoy vivimos en México; si queremos resultados diferentes, hagamos algo diferente, esto perpetua lo que las evidencias nos gritan que no funciona. La militarización de la seguridad publica es un recurso desesperado de los gobiernos cuando pierden el control de la seguridad interna. Sin embargo, no es una solución recomendable, pues este ligado a limitaciones de derechos civiles, retrocesos democráticos y violaciones a los derechos humanos. No era necesario activar al Ejercito en guerra contra el narco, concluye estudio del Senado. A diez años de que diera inicio la actual estrategia de combate al crimen organizado, con la participación de las fuerzas armadas en los enfrentamientos contra el narcotráfico, los datos oficiales disponibles revelan que esta “no redujo la violencia existente en el país”, sino “todo lo contrario: esta estrategia dono una posterior ola de violencia”, tal como concluyo un estudio elaborado por el Senado de la Republica. Dicho estudio determino que, en el año 2007, cuando esta estrategia popularmente conocida como “guerra contra el narcotráfico” fue puesta en marcha, la violencia en México “se encontraba en niveles mínimos históricos”, por lo cual, en realidad “no existía una crisis de seguridad que justificara el despliegue simultaneo de operativos con las Fuerzas Armadas. Elaborado por la Dirección General de Investigación Estratégica del Instituto Belisario Domínguez (centro de estudios legislativos del Senado de la Republica), el documento denominado “Seguridad Interior: elementos para el debate” destaca que “hasta el momento, no se ha puesto a disposición publica ningún diagnostico oficial que justifique este cambio en la política nacional” de seguridad, publica, decidido en 2007 y refrendado hasta la fecha. Información publicada por la secretaria de la Defensa Nacional en diciembre de 2016 señala que, en el presente, 52 mil soldados participan en los operativos anti narco iniciados desde hace diez años, sin embargo, según el estudio del Senado, hasta ahora no existe información oficial “que permita evaluar a cabalidad el desempeño y los resultados de los operativos” militares. Lo que, si puede verificarse, es que la implicación de las Fuerzas Armadas en el combate al crimen organizado genero un deterioro no solo de la seguridad pública, sino también de “las relaciones de convivencia entre el Ejercito y la sociedad mexicana”. Tras analizar los registros de homicidios del Instituto Nacional de Geografía y Estadística, el centro de estudios legislativos del Senado constato que, antes del inicio de la guerra contra el narco, México experimentaba un índice anual de 9 mil asesinatos, que se elevo a 27 mil a raíz de que esta estrategia de confrontación bélica fue puesta en marcha. Las denuncias de violaciones a derechos humanos cometidos por integrantes de las Fuerzas Armadas, además, también registraron un crecimiento exponencial. Retrocesos legislativos. El 1 de diciembre de 2016, cuando faltaban unas semanas para conmemorar los 10 años de la guerra contra el narco, el general Salvador Cienfuegos, secretario de la Defensa Nacional, demando en un discurso publico “que se hagan las leyes reglamentarias del articulo 89 fracción VI Constitucional”, para que “podaos servir mejor (al país), con respaldo jurídico que le permita al soldado hacer las cosas que la propia ley le va a autorizar. El titular de la Sedena aseguro que dicha reforma es necesaria, ya que “nuestros solados ya le están pensando si le entran a seguir enfrentando a estos grupos de la delincuencia, (ya que se enfrentan) con el riesgo de ser procesados por un delito que tenga que ver con derechos humanos. En respuesta, tres partidos políticos (PRI, PAN y PRD) presentaron en el Congreso su propia iniciativa de Ley de Seguridad Interior, para dotar a las Fuerzas Armadas de un marco legal que regule su participación en la guerra contra el narco. Sin embargo, según el Instituto Belisario Domínguez, las tres iniciativas de ley presentan distintas deficiencias, empezando por que las tres incumplen con su objetivo central, que es “acotar la presencia militar en tareas de seguridad pública”. Según el centro de estudios del Senado, en vez de limitar la participación del Ejercito, estas iniciativas buscan “otorgar amplias facultades a las Fuerzas Armadas para realizar labores de seguridad pública, y posibilitan una presencia militar de largo plazo, si no es que permanente”. Aunque estas tres iniciativas persiguen objetivos “bien intencionados”, el Instituto Belisario Domínguez concluyo que los procedimientos que proponen convertir en ley “pueden resultar cuestionables”. De aprobarse estas enmiendas legales, las Fuerzas Armadas quedarían autorizadas para realizar “investigación de delitos federales y locales”, “amenazas a la gobernabilidad”, “perturbaciones a la paz pública” e incluso “riesgos sanitarios”. Además, por simple decisión presidencial, sería posible “la suspensión de derechos humanos”, tales como “la libertad de tránsito”, el “derecho a no ser molestado en nuestra persona, familia, papeles o posesiones”, “los derechos a no ser detenidos y a no ser objeto de violencia por parte de las autoridades” e incluso, se permitiría “el uso de la fuerza publica para controlar actos de resistencia no agresiva por parte de la población. Por todas estas razones, el centro de estudios del Senado determino que la militarización de la seguridad publica no ayuda a disminuir la violencia, sino que solo incrementa “de forma drástica”, además de que los proyectos para normalizar legalmente la participación de militares en la guerra contra el narco atentan contra el orden constitucional. La votación resulto con 76 votos a favor y 44 en conta y tres abstenciones, a pesar de que la izquierda se negaba a votarla. El PAN influyo en varios de los diez cambios que hizo el senado a la minuta original de la cámara de diputados, aun así, la banca estuvo dividida. La izquierda acuso en tribuna que la Ley militarizara al país, es incondicional y coadyuva a violar los derechos humanos. Al momento, la aprobación de la Ley de Seguridad Interior continua su proceso en el senado para ser votada en lo particular sobre reservas en los 34 artículos mas transitorios que conforme la ley, interpuesto por l PT y PRD. Se espera que, con la suma de los votos del PRI, el Verde y de panistas sea aprobada la Ley en las próximas horas, para que `pueda ser enviada inmediatamente a la Cámara de Diputados para que ratifique los cambios.

Seguridad C.D. Mexico








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